La vida de un funcionario

El 26 de julio de 1947, el caudillo propuso por gracia de dios que Juan Carlos Alfonso Víctor María de Borbón y Borbón-Dos Sicilias, fuese su heredero. El 20 de noviembre de 1975, tras la muerte del dictador, Juan Carlos juró acatar los Principios del Movimiento Nacional. Y en esas estamos en el año 2009.

El testigo franquista que ha recogido el Rey, ha llevado consigo la continuidad de los principales símbolos fascistas que recogió como herencia, como es el caso de una bandera rojigualda (el rojo por la sangre derramada en las colonias españolas, y el amarillo por el oro expoliado en ellas). Por otra parte, el Rey mantuvo la costumbre de visibilizar los ritos de la fe católica en su vida, como mandan los cánones del nacionalcatolicismo, ejemplo a seguir por una familia de bien.

La función del Rey en el Estado español es prácticamente simbólica. Entre ellas, está la representación del Estado y otras que están en mayor o menor medida enunciadas en la Constitución, como sancionar y promulgar leyes, convocar y disolver las Cortes Generales y convocar elecciones o proponer al Congreso de los Diputados el candidato a la Presidencia del Gobierno. Por esto, recibe la nada desdeñable cifra de 7,5 millones de euros anuales, con los que ha acumulado la cuantiosa fortuna de 1.709 millones de euros.

Sin embargo, muchas veces escuchamos el argumento de que el Rey es el adalid de la defensa de la democracia, el que consiguió reinstaurar la paz después del “fallido” golpe de Estado de 1981, el que unificó a las diferentes e irreconciliables facciones de una España en la que, dicho sea de paso, el pueblo llano comenzaba a adquirir de nuevo conciencia de clase, empezaba a exigir libertad, mientras que la oligarquía civil y religiosa, que vivía cómodamente tras cuatro décadas de prebendas, había perdido la costumbre de tener que aplacar a quienes legítimamente, defendían sus derechos.


Luís aprobó las oposiciones en el año 97. Es abogado, y ahora trabaja como funcionario en una Consejería de uno de los Cabildos de Canarias. Su trabajo consiste en velar por el cumplimiento de la legalidad en los trámites político-administrativos, estudiando propuestas, haciendo informes jurídicos, y contestando en los trámites de información pública o en cuestiones de interés particular. Luís es responsable y buen trabajador.

Sin embargo, hace varios años sufre problemas de depresión nerviosa que le hacen recurrir a bajas periódicas que le avala el Servicio Canario de Salud, previo análisis y diagnóstico médico. A él no le gusta especialmente faltar a su trabajo. Lo hace porque no le queda más remedio.

Esto le ocurre a Luís desde el día en que informó negativamente sobre un proyecto de prioridad política claramente ilegal. Se movían muchos millones. Los intereses de varios “varones” del partido de turno eran manifiestos, y ya se había producido un llamamiento al orden por parte de las voces cantantes que mandan realmente en Canarias, y que son las que pagan las campañas electorales, los extras de los sueldos de muchos cargos públicos, los que tienen muchos favores pendientes de cobrar en su haber.

Sofía es funcionaria desde el año 2000. Es doctora en biología. Aprobó brillantemente sus oposiciones, y ahora ejerce en una Consejería del Gobierno de Canarias.

Sofía fue siempre una chica optimista, pero el futuro que vislumbra es bastante negro. Cumple su jornada laboral, pero su entusiasmo es cada vez menor.

Aunque es discreta, muchas veces no puede ocultar su desilusión cuando ve el sentido real de su trabajo. Los planes y las normas aprobadas por el pleno del Gobierno de Canarias no se consiguen llevar a cabo, aunque intenten resolver problemas de gran calibre, como el cambio climático, la contaminación atmosférica o la pérdida de biodiversidad. Los encargados de organizar la agenda de su Área no están por la labor de cumplir los compromisos tal y como se han acordado, y además no se puede repartir la miseria presupuestaria con la que cuentan entre tanto proyecto. Por otra parte, las políticas reales que desarrolla el Gobierno contradicen completamente lo que aprueba el Área en la que ella trabaja. Sin embargo, se siguen aprobando planes y reglamentos, que adornan muy bien el marco jurídico canario, pero que siguen vacíos de contenido práctico. Es imposible que salgan bien. Son muy pocas personas, y los presupuestos siempre van a las mismas áreas.

María José estudió trabajo social por pura vocación. Ella quería ayudar a los más desfavorecidos, y sabía que en su ciudad hay un porcentaje muy grande de personas que lo pasan realmente mal. Por eso se presentó a unas oposiciones para ejercer como funcionaria en su Ayuntamiento.

Ella, que siempre había sido una chica amable, es hoy una persona arisca. Y ese estado de ánimo negativo se le ha ido desarrollando a medida que ha ido teniendo que explicarle a la gente que tienen que rellenar incontables documentos burocráticos para solicitar una ayuda que se sabe que no cuenta con demasiado presupuesto para poderla aprobar. María José ve como el concejal de Servicios Sociales, Mujer, Medio Ambiente, y un montón de temas “menores” que se suelen meter en el mismo saco, aprueba una serie de medidas preelectorales muy populistas, que mantienen a la gente concentrada en su entretenimiento momentáneo, y desconcentradas de su miseria diaria.

Marta es ordenanza en una consejería del Gobierno de Canarias, accedió a ese puesto después de unas duras oposiciones a las que se presentaron 2.500 personas para 10 puestos, hace dos años.

Ahora tiene un problema, hace unas semanas le diagnosticaron un cáncer de mama, la tienen que operar y luego le tendrán que dar quimioterapia, no sabe cuanto tiempo estará de baja. Marta, ve con preocupación como el vicepresidente del gobierno canario, ha anunciado que a partir del tercer mes se le reducirá el sueldo para evitar que su baja le sirva para pasear por la playa.

Un día, Luís, Sofía, María José y Marta decidieron salir a la calle con muchas otras miles de personas, funcionarias como ellos, y protestar. Quieren elevar el grito de queja que diariamente reciben de la cansada y desesperada ciudadanía, a quienes son los verdaderamente responsables de esta situación: los y las responsables de la gestión pública canaria.